El 19 de octubre de 2026, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dio por extinguida la responsabilidad penal de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa por malversación. No lo hizo porque compartiera el criterio, sino porque el Tribunal Constitucional se lo había ordenado. Y no se limitó a acatar. En la misma resolución dejó por escrito su discrepancia, con unas críticas al Constitucional que rara vez se leen entre dos tribunales.
Puede parecer un pulso lejano, propio de titulares políticos. No lo es. Lo que de verdad está en juego es hasta dónde puede el Constitucional corregir a un juez cuando considera que ha vulnerado un derecho fundamental. Y esa puerta, el recurso de amparo, no está reservada a políticos. Puede utilizarla cualquier ciudadano que entienda que un tribunal ha lesionado sus derechos.
Te explicamos qué ha pasado, por qué chocan los dos tribunales y quién tiene, al final, la última palabra.
¿Qué ha pasado entre el Constitucional y el Supremo con la amnistía?
El asunto viene de lejos y es fácil perderse entre tantas resoluciones. Estas son las fechas que explican la situación actual.
| Fecha | Qué ocurrió |
|---|---|
| 14 de octubre de 2019 | El Supremo condena a los líderes del procés (STS 459/2019). Junqueras, Romeva, Turull y Bassa, por sedición y malversación. |
| 13 de febrero de 2023 | Tras la supresión del delito de sedición, el Supremo revisa la condena. Queda en desobediencia y malversación. |
| 11 de junio de 2024 | Entra en vigor la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía. |
| 1 de julio de 2024 | El Supremo se niega a amnistiar la malversación. Lo confirma el 30 de septiembre. |
| 26 de junio de 2025 | El Constitucional avala la ley de amnistía en lo esencial (STC 137/2025). |
| 16 de julio de 2026 | El Tribunal de Justicia de la UE resuelve una consulta del Tribunal de Cuentas sobre la amnistía (asunto C‑523/24). |
| 6 de octubre de 2026 | El Constitucional otorga el amparo a Dolors Bassa. Ese mismo día, el juez Llarena levanta las órdenes nacionales de detención contra Puigdemont, Comín y Puig. |
| 16 de octubre de 2026 | Llarena mantiene esa decisión frente al recurso de la acusación popular. |
| 19 de octubre de 2026 | El Supremo declara extinguida la responsabilidad penal de los cuatro condenados, con duras críticas al Constitucional. |
Para seguir el conflicto basta con retener una idea. La ley de amnistía perdonó sin condiciones delitos como la desobediencia. La malversación, que consiste en dar al dinero público un destino que no le corresponde, solo quedó amnistiada si no había existido «propósito de enriquecimiento». Toda la disputa gira alrededor de esas tres palabras.
¿Por qué el Supremo se negó a amnistiar la malversación?
La ley amnistía la malversación destinada a financiar el proceso independentista o las consultas de 2014 y 2017, «siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento» (art. 1.1, letras a y b, de la Ley Orgánica 1/2024). El apartado 4 del mismo artículo aclara que no hay enriquecimiento cuando el uso de los fondos públicos no tuvo «el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial».
El Supremo entendió ese beneficio de forma amplia. Para la Sala, enriquecerse no exige que entre dinero en la cuenta de nadie. También obtiene un beneficio quien paga con dinero público los gastos de un proyecto propio, aunque sea político, que de otro modo tendría que asumir con su patrimonio. Con ese razonamiento, el auto de 1 de julio de 2024 negó la amnistía a los cuatro exconsejeros.
El auto daba además un segundo motivo. La ley excluye de la amnistía los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea (art. 2.e), y el Supremo consideró que este caso podía estar incluido en esa exclusión.
La decisión no contó con el apoyo de todos. El Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado defendían aplicar la amnistía, y cuando la Sala resolvió los recursos en septiembre de 2024 una de sus magistradas discrepó en un voto particular.
¿Qué papel ha tenido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea?
Indirecto, pero relevante. El 16 de julio de 2026 el TJUE resolvió una consulta planteada por el Tribunal de Cuentas (asunto C‑523/24), que examina la responsabilidad contable del procés, es decir, la obligación de devolver el dinero público mal empleado. El Tribunal europeo concluyó que el Derecho de la Unión no impide amnistiar esa responsabilidad cuando los fondos no proceden del presupuesto europeo ni van destinados a él, aunque se alegue que la independencia habría podido reducir lo que España aporta a la Unión. No resolvía el caso penal, pero su criterio afectaba de lleno al segundo argumento del Supremo.
¿Qué dijo el Tribunal Constitucional en el caso de Dolors Bassa?
Bassa recurrió en amparo. El 6 de octubre de 2026 el Pleno del Constitucional le dio la razón por siete votos frente a cinco. Concluyó que el Supremo había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 de la Constitución), en relación con el derecho de acceso a los cargos públicos (art. 23.2) y con el principio de legalidad penal (art. 25.1).
La mayoría del Constitucional considera que la interpretación del Supremo era «impredecible» y contraria a la finalidad de la ley. Le reprocha, sobre todo, que identificara el enriquecimiento con los propios elementos del delito de malversación. Dicho de forma sencilla, si toda malversación supone ya un enriquecimiento, la condición que puso el legislador dejaría fuera de la amnistía casi todos los casos que la ley quería incluir. El Constitucional rechazó también el segundo motivo, el de los intereses financieros de la Unión, por considerarlo internamente contradictorio.
El Constitucional anuló los autos del Supremo de 1 de julio y 30 de septiembre de 2024 y le ordenó dictar una nueva resolución que declarase amnistiado el delito de malversación. La sentencia solo resolvía el recurso de Bassa, pero el Supremo extendió sus efectos a Junqueras, Romeva y Turull porque su situación jurídica era la misma.
¿Por qué el Supremo habla de «injerencia» del Constitucional?
El auto de 19 de octubre, cuyo ponente es el magistrado Manuel Marchena, cumple lo ordenado y asume el fallo del Constitucional en su integridad. Lo que no comparte es su razonamiento. Califica parte de los argumentos de la mayoría de «consideraciones absolutamente innecesarias para el respaldo de lo resuelto» y habla de una «innecesaria grandilocuencia» que, a su juicio, sirve para disimular la intensidad de la injerencia en el terreno que corresponde al Supremo.
La base jurídica de la queja es el artículo 54 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Cuando el Constitucional resuelve un amparo contra una decisión judicial, debe limitarse a «concretar si se han violado derechos o libertades del demandante» y a restablecerlos. Además, tiene que abstenerse «de cualquier otra consideración sobre la actuación de los órganos jurisdiccionales».
El Supremo sostiene también que el Constitucional se aparta de su propia doctrina. Recuerda sentencias en las que el Constitucional afirmaba que no le corresponde elegir entre dos interpretaciones igualmente razonables de una ley y que el amparo no es una última instancia. Señala, además, que cinco magistrados del propio Constitucional compartían en su voto particular la tesis que la mayoría ha considerado irracional. Con todo, el Supremo precisa que no lo interpreta como un conflicto institucional, sino como una ruptura del Constitucional con su jurisprudencia histórica.
La ley ofrece aquí una pieza más. Nadie puede plantear al Constitucional una cuestión de competencia, porque es el propio tribunal quien delimita el ámbito de su jurisdicción (art. 4.1 LOTC), y sus resoluciones no pueden ser enjuiciadas por ningún otro tribunal (art. 4.2 LOTC). Por eso el Supremo, aunque discrepe, cumple.
El debate ha llegado también a la universidad. Algunos penalistas sostienen que es la interpretación del Constitucional la que choca con el texto de la ley, porque el legislador quiso que no toda malversación del procés fuera amnistiable. Quienes respaldan la sentencia defienden lo contrario y entienden que la lectura del Supremo frustraba la finalidad que la propia ley declara.
¿Quién tiene la última palabra, el Constitucional o el Supremo?
La Constitución lo resuelve en un artículo. El Tribunal Supremo «es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales» (art. 123.1 CE). Esa salvedad es el Tribunal Constitucional, que no forma parte del Poder Judicial. Lo que resuelve deben cumplirlo «todos los poderes públicos» (art. 87.1 LOTC), y los jueces interpretan las leyes conforme a la doctrina que fija el Constitucional (art. 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
En la práctica el reparto funciona así. El Supremo decide en último término cómo se interpreta una ley penal, civil o administrativa. El Constitucional solo entra cuando esa interpretación lesiona un derecho fundamental. En el caso de la tutela judicial efectiva, su propia doctrina exige que la resolución sea arbitraria, manifiestamente irrazonable o que incurra en un error patente. No basta con que el juez se haya equivocado al aplicar la ley.
El choque de estas semanas está justo en esa frontera. Para el Supremo, su lectura de la ley era razonable y el Constitucional se ha limitado a preferir otra. Para la mayoría del Constitucional, la lectura del Supremo no superaba ese mínimo de razonabilidad. En este caso concreto la cuestión jurídica está cerrada, porque el amparo obliga y el Supremo lo ha cumplido. Sigue abierto el debate sobre si el Constitucional debía entrar tan a fondo, y ese debate no tiene un juez que lo resuelva.
¿Qué cambia para los condenados y qué queda pendiente?
Con la extinción de la responsabilidad penal se archiva la ejecución de la condena y desaparecen las penas de inhabilitación, que según las liquidaciones de condena terminaban en 2030 o en 2031, dependiendo de la persona. El indulto de 2021 había perdonado la parte de prisión que quedaba por cumplir, pero no la inhabilitación. La ley prevé también la eliminación de los antecedentes penales del delito amnistiado (art. 4.f de la Ley Orgánica 1/2024). Ese trámite corresponde al Ministerio de Justicia, y por eso el Supremo le ha comunicado su decisión. Otros condenados de la misma causa han pedido igualmente que se borren sus antecedentes.
Quedan pendientes Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, que no llegaron a ser juzgados porque estaban fuera de España. El 6 de octubre de 2026, el mismo día de la sentencia del Constitucional, el juez instructor Pablo Llarena dejó sin efecto las órdenes nacionales de busca y captura y detención dictadas contra ellos. El 16 de octubre mantuvo esa decisión al rechazar el recurso de la acusación popular. El propio juez aclara que su resolución se limita a levantar las órdenes, de modo que la aplicación de la amnistía a estas tres personas sigue pendiente.
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¿Y a ti en qué te afecta? El recurso de amparo explicado
Detrás de la amnistía hay una herramienta que puede usar cualquier persona. Imagina que una sentencia no responde a tu argumento principal, te impide defenderte o no explica por qué decide lo que decide. Eso puede vulnerar tu derecho a la tutela judicial efectiva, y en ese caso cabe acudir al Constitucional en amparo. Es lo que hizo Dolors Bassa. Por eso este caso, al margen de su carga política, enseña bien cómo funciona el recurso.
Antes de llegar al Constitucional hay que agotar todos los recursos ante los tribunales ordinarios (art. 44.1.a LOTC). También hay que haber denunciado la vulneración dentro del proceso en cuanto fue posible (art. 44.1.c LOTC). Si el problema aparece en la última resolución y contra ella ya no cabe recurso, normalmente hay que pedir antes al mismo tribunal que declare la nulidad de actuaciones. Para eso hay 20 días (art. 241.1 LOPJ). Cerrada esa vía, el plazo para presentar el amparo es de 30 días desde la notificación (art. 44.2 LOTC). Si se pasa, no hay forma de recuperarlo.
Después viene el filtro que más recursos tumba. No basta con que la vulneración exista. El Constitucional solo admite el amparo cuando el asunto tiene «especial trascendencia constitucional» (art. 50.1.b LOTC), es decir, cuando sirve para interpretar la Constitución o para aclarar el contenido y el alcance de un derecho fundamental. Hay que justificarlo de forma expresa en la demanda. El Tribunal tampoco revisa los hechos del pleito (art. 44.1.b LOTC), y para recurrir hacen falta procurador y abogado (art. 81.1 LOTC).
Un ejemplo corriente ayuda a verlo. Una empresa reclama a un cliente el pago de unas obras y el cliente se defiende alegando que la deuda ha prescrito. La sentencia, contra la que ya no cabe recurso, le condena a pagar sin decir una palabra sobre la prescripción. Esa falta de respuesta puede ser lo que los juristas llaman incongruencia omisiva, que lesiona la tutela judicial efectiva. El camino sería pedir la nulidad al propio tribunal y, si no la corrige, presentar el amparo dentro de plazo.
Si el Constitucional estima el recurso, no dicta él la sentencia correcta. Anula la resolución y ordena dictar otra que respete el derecho vulnerado, como acaba de ocurrir con la amnistía.
Preguntas frecuentes sobre el conflicto entre el Constitucional y el Supremo
¿Puede el Tribunal Constitucional anular una resolución del Tribunal Supremo?
Sí, a través del recurso de amparo, cuando la resolución vulnera un derecho fundamental. En ese caso declara la nulidad y ordena dictar una nueva. No revisa los hechos ni elige entre dos interpretaciones razonables de la ley. Solo interviene si la del tribunal es arbitraria, manifiestamente irrazonable o incurre en un error patente.
¿El Constitucional está por encima del Supremo?
No en sentido jerárquico, porque el Constitucional no forma parte del Poder Judicial. El Supremo es el tribunal superior en todos los órdenes, salvo en materia de garantías constitucionales (art. 123.1 CE). En ese terreno, lo que resuelve el Constitucional vincula a todos los jueces.
¿Por qué la malversación era el delito clave de la amnistía?
Porque era el único delito de esta causa cuya amnistía la ley condicionaba a que no hubiera propósito de enriquecimiento. La desobediencia quedó amnistiada sin ese requisito. Qué significa «enriquecimiento» es lo que ha enfrentado a los dos tribunales.
¿Cuánto plazo hay para presentar un recurso de amparo?
Treinta días desde la notificación de la última resolución judicial (art. 44.2 LOTC). Cuando antes hay que pedir la nulidad de actuaciones al propio tribunal, el plazo para hacerlo es de 20 días (art. 241.1 LOPJ).
¿Se puede presentar un recurso de amparo sin abogado?
Por regla general, no. La ley exige procurador y abogado. La excepción es quien sea licenciado en Derecho y defienda sus propios derechos o intereses (art. 81.1 LOTC).
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Este artículo tiene carácter informativo y refleja la información pública disponible a 4 de noviembre de 2026. No constituye asesoramiento jurídico ni una valoración política de las resoluciones citadas. Para estudiar tu caso concreto, solicita una consulta personalizada con nuestro despacho.
Soy abogado con más de 15 años de ejercicio profesional. He participado en más de 200 procedimientos judiciales y he cultivado más de 2200 horas de formación continuada tras licenciarme.
Me gusta el Derecho y he dedicado la mayor parte de mi carrera a las áreas del derecho Inmobiliario, Urbanismo y Mercantil.




