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Adiós al trasiego de maletas en el portal, el Supremo deja en manos de los vecinos los pisos turísticos

Actualizado el 20/11/2026 | Derecho inmobiliario & urbanismo

Maletas rodando por el portal de madrugada, caras nuevas cada fin de semana, el ascensor convertido en un trasiego de personas. Si te suena, esta noticia te interesa. Y si eres tú quien alquila su piso a turistas, todavía más. El Tribunal Supremo, en su sentencia 1670/2026, de 29 de octubre, ha confirmado que la comunidad de propietarios puede prohibir los pisos turísticos en el edificio sin necesidad de unanimidad. Basta con que lo voten tres de cada cinco propietarios, siempre que sumen también tres quintas partes de las cuotas. Para muchos vecinos es la herramienta que llevaban años esperando. Para el propietario que explota su vivienda, puede significar el fin del negocio. En los dos casos, cómo se prepare la junta o cómo se reaccione dentro del plazo para impugnar marca la diferencia entre ganar y perder.

Qué ha decidido el Supremo en la sentencia 1670/2026

El caso venía de Orihuela Costa (Alicante). Tres sociedades propietarias de ocho viviendas en un mismo edificio impugnaron el acuerdo que la junta extraordinaria adoptó el 12 de noviembre de 2019 para modificar los estatutos y prohibir el alquiler turístico o vacacional. El acuerdo se aprobó por la mayoría de tres quintos y se inscribió en el Registro de la Propiedad en junio de 2020.

Las propietarias defendían que el art. 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), en la redacción que le dio el Real Decreto-ley 7/2019, solo permitía «limitar» o «condicionar» la actividad, y que prohibirla del todo exigía la unanimidad del art. 17.6 LPH. Perdieron en primera instancia ante el Juzgado de Orihuela, en apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante y ahora en casación, con condena en costas.

El Supremo no parte de cero. Se remite a lo que ya resolvió su Pleno en las sentencias 1232/2024 y 1233/2024, de 3 de octubre, doctrina que ratificó la STS 1205/2025, de 2 de septiembre. La finalidad del Real Decreto-ley 7/2019 era favorecer el alquiler residencial frente al turístico para aliviar el acceso a la vivienda. La actividad turística genera molestias reales en edificios residenciales, y la mayoría de tres quintos respeta la proporcionalidad de los intereses en juego entre los vecinos y los propietarios de los pisos turísticos. Y en el propio sentido de las palabras, limitar incluye fijar el alcance de un derecho, de modo que la prohibición es el límite máximo. Para el tribunal, el art. 17.12 LPH es precisamente una excepción a la regla de la unanimidad. Si bastara la oposición de quien explota el piso para bloquear el acuerdo, la norma no serviría de nada.

La sentencia recuerda además que estas restricciones no vulneran el derecho de propiedad (art. 33 CE) ni la libertad de empresa (art. 38 CE), siempre que el acuerdo se adopte conforme a derecho.

¿Puede la comunidad de vecinos prohibir el alquiler turístico?

Sí, y hoy la respuesta no ofrece dudas por dos cosas.

La primera es la jurisprudencial que acabamos de ver, aplicable a los acuerdos adoptados con la redacción antigua del art. 17.12 LPH.

La segunda es la propia ley. Desde el 3 de abril de 2025, tras la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, el art. 17.12 LPH dice expresamente que el acuerdo por el que se «apruebe, limite, condicione o prohíba» la actividad de vivienda de uso turístico (la cesión prevista en el art. 5.e) de la Ley de Arrendamientos Urbanos) requiere el voto favorable de tres quintas partes del total de propietarios que representen tres quintas partes de las cuotas, suponga o no modificación del título constitutivo o de los estatutos. El debate sobre si prohibir cabía dentro de limitar ha quedado zanjado también en el texto legal.

Ese mismo precepto permite a la comunidad, con idéntica mayoría, fijar cuotas especiales de gastos o aumentar la participación en gastos comunes de la vivienda turística, siempre que el incremento no supere el 20 %.

Ahora bien, la comunidad no puede hacerlo de cualquier manera. La jurisprudencia que cita la propia sentencia exige que la prohibición conste de forma expresa y clara, y que se inscriba en el Registro de la Propiedad para que sea oponible a terceros, por ejemplo a quien compre después una vivienda del edificio.

¿Qué mayoría se necesita para modificar los estatutos de una comunidad?

Depende de lo que se modifique. La regla general del art. 17.6 LPH sigue siendo la unanimidad del total de propietarios que representen el total de las cuotas para cualquier acuerdo que apruebe o modifique el título constitutivo o los estatutos, salvo que la ley prevea otra cosa.

La ley prevé otra cosa en varios casos. Para el alquiler turístico bastan tres quintos de propietarios y de cuotas (art. 17.12 LPH). La misma mayoría se exige para establecer o suprimir servicios de portería, conserjería o vigilancia (art. 17.3 LPH). Las obras de accesibilidad y la instalación de ascensor se aprueban por mayoría simple de propietarios y cuotas aunque modifiquen el título o los estatutos (art. 17.2 LPH).

Un detalle que decide muchas votaciones es el voto de los ausentes. Según el art. 17.8 LPH, el propietario debidamente citado que no asistió a la junta y que, una vez notificado el acuerdo, no manifiesta su discrepancia al secretario en el plazo de 30 días naturales se computa como voto favorable. Un acuerdo que no alcanza los tres quintos el día de la junta puede alcanzarlos al cabo de un mes.

¿Cómo se pueden modificar los estatutos de una comunidad de propietarios?

Para que un acuerdo de prohibición resista una impugnación conviene seguir un orden.

Primero, la convocatoria. El punto debe figurar de forma clara en el orden del día de la junta, ordinaria o extraordinaria. Un acuerdo sobre un asunto que no estaba en el orden del día es fácil de atacar.

Después, el texto del acuerdo. Debe decir con precisión qué se prohíbe o qué condiciones se imponen. Una redacción ambigua se interpreta de forma restrictiva, en contra de la limitación, porque restringe el derecho de propiedad.

Tercero, la votación y el acta. Hay que dejar constancia del número de propietarios y del porcentaje de cuotas a favor, y notificar el acuerdo a los ausentes para abrir el plazo de 30 días del art. 17.8 LPH.

Por último, la escritura y el Registro. El acuerdo se eleva a escritura pública y se inscribe en el Registro de la Propiedad. Sin inscripción, la prohibición vincula a los propietarios actuales, pero no a terceros adquirentes. Es la misma lógica que aplicamos en otros conflictos vecinales, como la retirada de cerramientos no consentidos por la comunidad, donde la forma importa tanto como el fondo.

En Lexway Abogados revisamos la convocatoria, redactamos la cláusula estatutaria y acompañamos a la comunidad hasta la inscripción registral, con equipo de abogados en Madrid y en Guadalajara. Si tu comunidad está pensando en votar una prohibición, cuéntanos tu caso antes de la junta. Corregir un defecto antes cuesta mucho menos que defender un acuerdo impugnado.

Tengo un piso turístico, ¿me obliga la prohibición?

Es la pregunta que más nos hacen los propietarios y la respuesta exige mirar fechas.

El art. 17.12 LPH dice que estos acuerdos no tienen efectos retroactivos. Además, la disposición adicional segunda de la LPH permite seguir ejerciendo la actividad al propietario que ya la ejercía antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 y que se había acogido previamente a la normativa sectorial turística, con las condiciones y plazos de esa normativa.

Si tu vivienda turística empezó a funcionar después del 3 de abril de 2025, la situación cambia por completo. El art. 7.3 LPH obliga a quien quiera destinar su vivienda a uso turístico a obtener previamente la aprobación expresa de la comunidad por la mayoría de tres quintos. Sin esa aprobación, el presidente puede requerir el cese inmediato y, si no se atiende, la comunidad puede ejercitar la acción de cesación del art. 7.2 LPH. En los casos graves la sentencia puede llegar a privar al propietario del uso de la vivienda hasta tres años, además de la indemnización que proceda.

Si tu caso no encaja limpiamente en ninguno de los dos supuestos, por ejemplo porque tenías el piso en explotación pero sin la inscripción autonómica en regla, conviene revisarlo con un abogado antes de seguir alquilando.

¿Se puede impugnar el acuerdo de la junta?

Sí. El art. 18 LPH permite impugnar los acuerdos contrarios a la ley o a los estatutos, los gravemente lesivos para la comunidad en beneficio de unos pocos y los que causan un grave perjuicio a un propietario o se adoptan con abuso de derecho.

Pueden impugnar quienes votaron en contra, los ausentes y quienes fueron privados indebidamente del voto, siempre que estén al corriente de pago con la comunidad o consignen la deuda. La acción caduca a los tres meses desde la adopción del acuerdo, o al año si es contrario a la ley o a los estatutos. Para los ausentes, el plazo corre desde que se les comunica.

Después de esta sentencia, impugnar alegando solo que hacía falta unanimidad está abocado al fracaso y a una condena en costas. Las impugnaciones con opciones se apoyan en defectos concretos, como una convocatoria irregular, un cómputo de mayorías mal hecho, un acuerdo redactado de forma ambigua o su aplicación retroactiva a un piso que ya funcionaba legalmente.

¿Cuándo entra en vigor la nueva ley del alquiler vacacional?

Cuando se habla de la nueva ley del alquiler vacacional en comunidades de propietarios, normalmente se hace referencia a la reforma de la LPH introducida por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Sus cambios en los arts. 7.3 y 17.12 LPH están en vigor desde el 3 de abril de 2025.

Conviene no confundir este régimen con otras normas. La actividad turística se rige además por la normativa de cada comunidad autónoma, que fija los requisitos de inscripción y funcionamiento, y por el planeamiento urbanístico municipal, que en ciudades como Madrid restringe dónde se puede ejercer. La comunidad de propietarios es un filtro más y, desde 2025, uno decisivo.

Qué hacer ahora según tu situación

Si eres vecino o presidente y queréis prohibir los pisos turísticos, el camino está despejado. Lo importante es hacerlo bien, con una convocatoria correcta, un texto preciso y la inscripción registral.

Si eres propietario de una vivienda turística, revisa cuándo empezaste la actividad, si estabas inscrito en el registro autonómico y si existe un acuerdo inscrito en el Registro de la Propiedad. De esos datos depende que puedas seguir.

Si vas a comprar una vivienda para destinarla a alquiler turístico, pide nota simple y los estatutos de la comunidad antes de firmar. Desde abril de 2025 necesitarás además la aprobación expresa de la junta.

En Lexway Abogados llevamos asuntos de propiedad horizontal tanto del lado de las comunidades como del de los propietarios, con despacho en Madrid y abogados en Guadalajara. Si necesitas preparar una junta, impugnar un acuerdo o saber si tu piso turístico puede seguir funcionando, escríbenos o llámanos al 917 60 71 35. Estudiamos tu caso y te decimos con claridad qué opciones tienes.

Preguntas frecuentes

¿Puede la comunidad de vecinos prohibir el alquiler turístico?

Sí. El art. 17.12 LPH permite aprobar, limitar, condicionar o prohibir la actividad con el voto favorable de tres quintos de los propietarios que representen tres quintos de las cuotas. El Tribunal Supremo lo ha confirmado en la STS 1670/2026, de 29 de octubre.

¿Qué mayoría se necesita para modificar los estatutos de una comunidad?

Como regla general, unanimidad (art. 17.6 LPH). Hay excepciones legales. Para prohibir o limitar los pisos turísticos bastan tres quintos de propietarios y cuotas (art. 17.12 LPH), y los votos de los ausentes que no se oponen en 30 días naturales cuentan como favorables (art. 17.8 LPH).

¿Cuándo entra en vigor la nueva ley del alquiler vacacional?

La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que exige aprobación previa de la comunidad para abrir un piso turístico está en vigor desde el 3 de abril de 2025.

¿Cómo se modifican los estatutos de una comunidad de propietarios?

Incluyendo el punto en el orden del día, votándolo con la mayoría legal, levantando acta, notificando a los ausentes, elevando el acuerdo a escritura pública e inscribiéndolo en el Registro de la Propiedad.

¿Tengo que cerrar mi piso turístico si la comunidad lo prohíbe?

No necesariamente. Estos acuerdos no tienen efectos retroactivos y quien ya ejercía la actividad antes del 3 de abril de 2025, acogido a la normativa turística, puede seguir. Cada caso exige revisar fechas e inscripciones.

Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Cada comunidad y cada vivienda tienen sus propias circunstancias, por lo que te recomendamos consultar tu caso concreto con un abogado antes de tomar decisiones.

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Soy abogado con más de 15 años de ejercicio profesional. He participado en más de 200 procedimientos judiciales y he cultivado más de 2200 horas de formación continuada tras licenciarme.

Me gusta el Derecho y he dedicado la mayor parte de mi carrera a las áreas del derecho Inmobiliario, Urbanismo y Mercantil.

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